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Hablemos de software libre.

Actualmente estamos oyendo hablar de “software libre” con mayor frecuencia en Uruguay, pero no es un concepto que aún maneje gran parte de la población. Así que, vamos a definir algunos conceptos para saber “de qué hablamos cuando hablamos de software libre”.

Software “Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación.” O sea, son los programas de computación, esos que instalamos, corremos o ejecutamos en nuestras computadoras.

Un sistema operativo es un programa (software) o un conjunto de ellos, que gestiona los recursos de hardware (componentes físicos de un sistema informático) y provee servicios a las aplicaciones (procesadores de textos, de hojas de cálculo, de base de datos, etc.).

Cuando a los programas los podemos ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y modificar, entonces estamos ante “Software Libre”.

Más concretamente, para que un programa sea considerado “Software Libre”, el usuario debe poder tener:

  • La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0).

  • La libertad de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a sus necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es un prerrequisito para esto.

  • La libertad de distribuir copias para ayudar a los demás (libertad 2).

  • La libertad de mejorar el programa y de publicar las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie (libertad 3). El acceso al código fuente es un prerrequisito para esto

Entonces un programa de computación se puede caracterizar como “software libre” cuando garantiza las cuatro libertades al mismo tiempo.

Los programas que no cumplen con alguna de las libertades no pueden considerarse libre. A estos programas les llamamos “software privativo”.

Tecnológicamente, el “software libre” no se diferencia del “software privativo”. Un procesador de textos, una hoja de cálculo o un programa de diseño gráfico, podrán tener más o menos funcionalidades, pero satisfacen la misma necesidad, tanto sean libres o privativos.

A través de las licencias, los fabricantes de “software privativo”, se reservan los derechos de uso, copia, modificación y distribución. Como usuarios, no somos dueños del software que instalamos en nuestra computadora, el propietario sigue siendo el fabricante y no nos permite realizar ninguna modificación en él, ni tampoco estudiar su código fuente por ninguna vía para estudiar cómo funciona. Algunas licencias impiden al comprador la transferencia de la titularidad a un tercero.

El “software libre” también está disponible para el uso comercial. No debemos confundir “libre” con “gratuito”. Se puede haber pagado dinero para obtener copias de “software libre”, o se puede haber obtenido copias sin costo, o se puede haber requerido la programación de alguna aplicación, pero siempre se tiene la libertad de copiar y modificar el software, incluso de vender copias.

Muchas empresas de software trabajan en base a “software libre” y cobran dando mantenimiento, o realizan las modificaciones que el usuario final desee y así lo adaptan a sus necesidades, a la medida de sus requerimientos, que es posible no tenga en una primera instancia.

No es sólo una cuestión técnica la que está detrás del concepto “software libre”. Está relacionado con valores como los de cooperación, trabajo colectivo y aprendizaje mutuo. La persona es libre no solo de crear, sino de compartir conocimiento.

El concepto “software libre” se construye sobre los valores de la libertad, igualdad, justicia y solidaridad. El hecho de tener la libertad para crear y compartir es un comportamiento ético y social que realza los valores humanos y que hace al usuario libre.

Podemos decir entonces que el “software libre”, visto como un movimiento, se alinea en mantener una ética del trabajo basada en el esfuerzo personal, en la valoración de la capacidad de la labor colectiva y en la solidaridad.

El Software en el Estado.

En el Estado uruguayo el software es comprado como un producto más entre otros. En realidad lo que compra el Estado es una licencia que le permite usar ese software. En el caso de los sistemas operativos o paquetes ofimáticos, la licencia permite que lo use un solo funcionario del Estado en su computadora, si otro funcionario quiere usar el programa, la licencia no le permite compartir el programa y entonces se debe adquirir (comprar) otra licencia. Debemos manejarnos con las condiciones de quien lo fabricó, en cuanto a los límites que nos impone la licencia.

Si analizamos el tema teniendo presente los sistemas operativos o los paquetes de oficina (procesador de texto, hoja de cálculo, etc) y tomando en cuenta a las oficinas del Estado como empresas, la compra de licencias de software puede tratarse como una cuestión de “costos”.

Prestigiosas empresas privadas locales (ni que hablar en el mundo), que incluso tienen negocios en la órbita de las TIC, usan “software libre”, ya que bajan sus costos operativos, pues no tienen que comprar licencias y con este tipo de software obtienen el mismo resultado o mejor que con el privativo.

Entonces ¿por qué el Estado paga por licencias de uso?

¡Mejor!: adquirimos “software libre” y tenemos la libertad para ejecutarlo, copiarlo y distribuirlo (como usuarios básicos) y de estudiarlo, cambiarlo y modificarlo (como usuarios avanzados o programadores).

Y todavía más: ¡ahorramos!

Pero como he venido comentando, el “software libre” no es una cuestión de costos solamente, el costo es secundario, el tema principal es “la libertad”.

Además de los sistemas operativos o paquetes de oficina hay otro tipo de software, como lo son los programas conocidos como “aplicaciones a medida”.

Las empresas buscan este tipo de aplicaciones ya que se diseñan o desarrollan exclusivamente para resolver un problema específico, teniendo en cuenta los requerimientos propios de este cliente particular y la política de su empresa u organización.

Ejemplos de aplicaciones a medida son: sistemas de facturación; sistema de emisión de pasaportes; sistema de agenda electrónica para trámites; sistema de información geográfica para consultar el recorrido de los ómnibus; sistemas de gestión financiero y contable; de liquidación de sueldos; y un gran etc.

El Estado en particular, gasta muchos recursos económicos en la obtención de estos programas desarrollados a medida.

Muchos de estos programas o sistemas informáticos pueden ser compartidos entre los distintos organismos estatales. En este sentido la Intendencia de Montevideo es pionera, compartiendo el desarrollo de su Agenda Electrónica, utilizada para la reserva de hora para trámites (como la renovación de la licencia de conducir). Dicho software se ha compartido con otros organismos públicos como el BPS, ANTEL y BSE.

Vienen usando Software Libre o vienen implementando políticas a través de resoluciones o convenios: ANTEL, Ministerio de Relaciones Exteriores, las intendencias de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, el Poder Judicial, Instituto de Colonización, la UdelaR, Secundaria, Plan Ceibal, etc.

Desde el legislativo, la aprobación de la ley 19.179 de “Software Libre y Formatos Abiertos en el Estado”, promulgada por el Poder Ejecutivo el 27 de diciembre de 2013, da preferencia al software libre en cuanto al uso y en su adquisición, así como su promoción en el sistema educativo. AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico) es la encargada de su reglamentación, que aún estamos esperando.

Recientemente, AGESIC lanzó el “Portal de Software Público Uruguayo” en el que se encuentra “aquel software de interés para el Estado y la sociedad uruguaya, que puede ser utilizado, compartido, modificado y distribuido libremente.”

Todas estas acciones, han sido impulsadas por la “comunidad” de software libre de Uruguay, que han hecho un trabajo de hormiga y casi en el anonimato, en la concientización de las ventajas y beneficios de la utilización del software libre en todos los ámbitos públicos y privados.

Publicado en Semanario Voces , jueves 11 de setiembre de 2014, nº 446

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